[divider height=”30″]La estructura actual del sistema de salud de nuestro país hay que analizarla como la resultante de la puja histórica entre dos modelos socio – económicos antagónicos: el proyecto nacional, autónomo, con desarrollo industrial por un lado, y el proyecto dependiente, agro exportador y proveedor de materias primas, por el otro, que a la postre, resultó triunfante. No obstante esto, la estructura sanitaria que se desarrolló entre 1945 y 1955 dejó su impronta en el modelo de salud argentino: durante la década del gobierno peronista, acorde con el advenimiento de un modelo económico basado en el desarrollo industrial autónomo y a una justicia social materializada en un reparto igualitario de la renta nacional mediada por el Estado, se incorporó fugazmente, de la mano del gran médico sanitarista Ramón Carrillo, la concepción integral de la salud que consideraba a la pobreza como la mayor causa generadora de enfermedad. El modelo socio económico que prevaleció tras la caída del gobierno constitucional en 1955 fue generando una progresiva desarticulación de las políticas socio sanitarias que amparaban a los sectores más desprotegidos y que sostenían la visión integral, protectiva y preventiva de la salud. Cuando en 1978 la Conferencia Internacional de Alma Ata propuso a la APS como la estrategia central para alcanzar el objetivo de salud para todos, en nuestro país gobernaba una dictadura genocida y se ponía en marcha un proyecto político que sostenía un modelo económico, después conocido como “neoliberalismo”, que pondría fin al llamado “estado de bienestar”. En cuanto a la salud, este modelo terminaría siendo antagónico a la idea de un sistema de salud racional e igualitario. Con el cierre masivo de las industrias, la crisis del sector del trabajo y de las Obras Sociales que quedaron desfinanciadas, millones de trabajadores quedaron sin cobertura y debieron acudir al sector público que se vio desbordado por haber sido sistemáticamente debilitado por la falta de inversión. Sólo a título de ejemplo, de 1970 al 2000, el número de trabajadores metalúrgicos disminuyó casi cinco veces, el poder adquisitivo del salario también bajó, y se 2 diezmó la recaudación de las Obras Sociales, otrora capaces de brindar buenos servicios a pesar de ser al mismo tiempo “caja” de muchos sindicalistas. Las O. S. de las empresas estatales privatizadas tercerizaron sus prestaciones hacia las prestadoras privadas, precarizando de modo brutal los servicios. Ejemplos paradigmáticos son la obra social de los ferroviarios, de los bancarios, de los petroleros, etc. Desde la caída del gobierno peronista en 1955, se produjo un paulatino pero constante retroceso del Estado en Salud, mercantilizando la asistencia bajo un enfoque exclusivamente “prestacional” y precarizado. La incorporación acrítica del modelo de mercado, típico de la colonización cultural, económica y política de las clases dirigentes, trajo aparejado la irrupción de técnicas de gestión empresarial en el ámbito estatal, que pronto se tornaron paradigmáticas para el diseño y ejecución de las políticas públicas. Tercerizacion, autogestión y descentralización fueron la prescripción solemne para dar cuenta de todos los males de ese odiado estado ineficiente. Una larga etapa de privatización y corrupción prohijó legiones de valijeros del Consenso de Washington, con las recetas bajo el brazo y prestos a aplicar en toda situación las medicinas del imperio. A una parte del sector privado de la salud no le fue mejor; la concentración económica, particularmente en la era “menem – delarruísta”, llevó al ajuste de cuentas de clínicas y sanatorios sobre los empleados y trabajadores con una sensible merma de la calidad de los recursos humanos y brindando pésimas prestaciones. Muchos, cerraron sus puertas, otros persistieron por espurios contratos e intermediaciones. El otrora financiamiento más o menos adecuado de los distintos sectores de la salud y una mayor centralización por parte del Ministerio de Salud de la Nación habían actuado como factores ordenadores del sistema. Cuando esto entró en crisis, comenzó la disgregación. En una pretendida actitud de “descentralización”, en los 90 el Estado nacional más bien se sacó de encima el problema de la salud arrojándoselo a las provincias y muchas de éstas hicieron lo propio con los municipios, transfiriéndoles servicios que no podían sostener, sobre todo aquellos con mayor proporción de población pobre. Los programas de ajuste estructural, nombre tecnocrático del recetario de los organismos de crédito internacional (BM, BID), acabaron alentando la ya marcada desarticulación y disgregación del sistema y la transferencias de recursos públicos al sector privado, sobre todo, el de “intermediación” que, sin arriesgar un peso en inversiones, se quedó con cuantiosos recursos improductivos en términos de prestación para los “clientes” tal como se pasó a definir a las personas que quieren hacer uso del derecho básico a la salud. Otros nuevos conceptos que aparecieron con la fragmentación son los de “focalización”, “grupos de riesgo”, etc., tras los cuales se establecen acciones específicas, con metas específicas, que generan estructuras ministeriales específicas, con “directores gerentes” propios, etc. Así, se destacan la convivencia de muchos Programas relacionados con la atención primaria de la salud (APS), casi todos con su correspondiente estructura y superestructura, algunos descentralizados en los municipios, mezclados con otros programas y estructuras sanitarias, con personal dentro de un mismo centro de salud que cobra hasta cuatro veces más que otro ingresado por un plan o programa diferente, por la misma carga horaria, con capacitaciones diferentes, enfoques diferentes, objetivos diferentes. Casos similares ocurren dentro de los hospitales y entre hospitales de diferentes provincias y municipios. En medio de este caos, hablar de la integración entre niveles resulta ni más ni menos una quimera. Al final de cuentas, todo esto sólo ha traído aparejado mayor atomización y una profundización del modelo curativo – hospitalario, pero con la desventaja de una mayor pauperización de éste. La APS, declamada por todos y llamada la estrategia ordenadora del sistema, nunca ha sido convenientemente financiada; en los últimos tiempos se le ha aportado financiación a través de esos créditos internacionales (PROMIN, REMEDIAR, Salud Sexual y Reproductiva, etc), que, probado está, más allá de resultados obtenidos, en algunos mejores que en otros, reproducen un modelo de la organización de la asistencia a través de Programas de Salud verticales, desconectados y fragmentados, que no pueden resolver efectivamente los problemas de salud de la gente. Y, es más, al acabarse el período de financiamiento con los fondos de cada uno de ellos, terminan reapareciendo los mismos problemas que se pretendían solucionar. A pesar de los esfuerzos declamados y realizaron en dichos programas, tampoco lograron sacar a la APS de un rol acotado, selectivo, formal, consistente en resolver algunos temas específicos, y en confundir, la descentralización de consultorios médicos en centros de salud periféricos a hospitales con la APS integral. Por último, la disgregación del sistema de salud y la descomposición social dejados por el modelo neoliberal, abrieron una enorme brecha entre las estructuras de salud y la gente. Esta brecha es la responsable de que recursos existentes para la salud no puedan utilizarse correctamente y con máxima eficacia. Es así como vacunas disponibles para toda la población existen y las coberturas completas no alcanzan el 70 u 80 % en la gran mayoría de los barrios carenciados; o se vencen y deben desecharse miles de anticonceptivos orales, inyectables o de barreras mientras los embarazos no deseados alcanzan cifras record. Son sólo simples ejemplos en los que los recursos de prevención están, pero su falta de utilización adecuada causada por la disgregación del sistema de salud y de la sociedad en su conjunto, disminuida en su capacidad de reclamar sus derechos incumplidos y utilizar los existentes de modo conveniente. La consecuencia es que los efectos de la prevención no se consigan o lleguen recurrentemente tarde, hecho que, en un país dónde no sobran los presupuestos, no hace más que profundizar la injusticia en la distribución de esos recursos.
EL 90% DE LOS HABITANTES DE LA ARGENTINA SE ATIENDE CON EL 3,5 % DEL PBI. EN COMPARACIÓN EN EEUU, EL PAÍS MÁS PRIVATIZADO DEL MUNDO, EL GASTO ESTATAL EN SALUD ASCIENDE AL 7% DEL PBI (DE UN 16 % DEL GASTO TOTAL). NI MENCIONAR OTRAS COMPARACIONES COMO CANADÁ, CUBA, FRANCIA O INGLATERRA.
Mo.Sa.Na. Bases de nuestro pensamiento Capitulo 2 http://ciepe.org.ar/ciepe/publicaci…