[divider height=”30″]Hoy estamos frente a la privatización de los traslados de urgencias y emergencias, pero sabemos que no hay límites para maximizar ganancias con la salud de los argentinos.
Tercerización de servicios de traslado en PAMI: desfinanciamiento de lo público y negocio con empresas privadas.
En las últimas semanas varios municipios de la provincia de Buenos Aires han sido llamados o visitados por la empresa privada de servicios de emergencia y traslados Vittal para ofrecer un convenio donde dicha empresa seria la prestadora del servicio de traslados de emergencias, urgencias, visitas a domicilio y traslados programados de la obra social PAMI.
En el contrato ofrecido se aclara que no hay exclusividad de ninguna de las dos partes, que se podría cobrar adicional con autorización de Vittal, y que los pagos son por cápita donde Vittal recibe un monto fijo todos los meses por prestar servicios de ambulancias para urgencias y emergencias.
Hasta la fecha, en nuestros distritos, este servicio es prestado por los sistemas de salud municipales y PAMI debería realizar un pago a los municipios por dicho servicio. Sabemos que son dispares los convenios en sus montos y formas de pago según cada distrito y además todo lo facturado de traslados al PAMI en el 2016 no ha sido abonado; ¿será esto una estrategia para mostrar que el PAMI no puede afrontar estos gastos y por lo tanto debe tercerizar el servicio a favor de Vittal? Lo cierto es que analizando esta situación no es difícil diagnosticar el mal que nos amenaza: la tercerización de un servicio fundamental de la obra social más grande del país, es decir un servicio prestado por el estado por el cual los municipios reciben o deberían recibir un pago de PAMI ahora será prestado por una empresa privada generando una ganancia que implica un perjuicio económico para los municipios y la salud pública estatal.
Pero, además, en muchas localidades del interior bonaerense el único efector de salud es el municipio y ante un llamado de emergencias siempre se activa el sistema de ambulancias al domicilio o vía pública, según lo ofrecido por la empresa los usuarios deberían llamar a un numero de emergencias y ellos evalúan si es o no emergencia y en ese caso reconocerían el traslado para realizarlo o pagarlo. Además esta empresa no cuenta con una logística y recursos para llevar personal médico o paramédico y ambulancias que realicen el servicio en todos los municipios y localidades del interior bonaerense, por lo cual subcontrataría a los propios recursos municipales de cada distrito y luego les pagaría siempre y cuando ellos certifiquen que fue una emergencia de código rojo o amarillo (que había riesgo de vida) y las planillas y autorizaciones hayan sido realizadas en tiempo y forma.
Sabemos que en el gobierno actual hay un plan en función del interés de un sector económico que son las grandes empresas, para llevar adelante este proyecto de país se necesita un achicamiento de los recursos estatales destinados a salud, educación, cultura, entre otros. Una forma de legitimar esto es hacerle creer a la población que se realizan convenios con empresas privadas para prestar mejores servicios, que la atención del sistema público es de peor calidad, que la empresa privada es más transparente y ordenada que el estado, sabemos que las empresas de salud pretenden hacer un negocio y tener las máximas ganancias, sabemos que cuando hay una emergencia o urgencia la población acude al sistema público y más aun en las ciudades medianas o pequeñas donde muchas veces este sector es el único efector con servicios de guardia, emergencias, ambulancias o internación.