Cobertura Universal de Salud

[divider height=”30″]Una política de mercantilización y privatización, que excluye del derecho a la salud a las mayorías y destruye la dignidad de los trabajadores de la salud.
Antecedentes de la Cobertura Universal de Salud
Cobertura Universal de Salud (CUS) es el nombre que recibe el plan del gobierno nacional para la reforma estructural del sistema de salud que intentará llevar adelante en los próximos años.
En agosto del 2016 el gobierno nacional aprueba por decreto resolución 475/2016 del Ministerio de Salud la CUS, disponiendo para ello de 8 mil millones administrados por la Superintendencia de Servicios de Salud pertenecientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
El objetivo anunciado es “brindar cobertura a 15 millones de personas que actualmente no tienen cobertura”, abriendo la oferta de prestadores no sólo a los efectores estatales sino también a los efectores privados, quienes estarán en igualdad de condiciones para ofrecer sus servicios de salud a los usuarios.
El gobierno anterior retuvo 30 mil millones pertenecientes al FSR conformado con el aporte de todos los trabajadores con Obra Social del país. Este fondo se creó para ser distribuído a las Obras Sociales más pequeñas ante enfermedades catastróficas. El manejo de este fondo quedó en manos del nuevo gobierno que lo usa como instrumento de coacción hacia las Obras Sociales, obligándolas a negociar en condiciones de debilidad.
La Cobertura Universal de Salud toma ilegalmente 8 mil millones de pesos del FSR, pertenecientes a los trabajadores que aportan a la Obras Sociales, las que se ven ahora en la disyuntiva de aceptar la extorsión para poder recuperar al menos una parte de ese fondo luego de años de no contar con él, en un escenario donde la concentración oligopólica de proveedores y prestadores que las pone en una situación de debilidad estratégica por estrangulamiento económico.
Críticas al proyecto Cobertura Universal de Salud
Las posiciones críticas respecto a la Cobertura Universal de Salud han planteado lo siguiente:
Se va a exigir un carnet de pobreza para poder acceder a la atención. Actualmente el acceso al servicio es universal y gratuito.
El programa médico obligatorio se va reducir a un conjunto mínimo de prestaciones, las otras prestaciones pasarán a requerir el pago por parte del usuario.
Los fondos de los cuales se ha apropiado el gobierno nacional para implementar este plan no le pertenecen, ya que son de los trabajadores afiliados a las obras sociales.
Se tercerizan en empresas privadas las prestaciones del sistema estatal, por lo que el estado pasará a financiar a prestadores privados.
Esto va a implicar un desfinanciamiento del sistema de salud estatal ya que los recursos para el pago de prestaciones surgirán del presupuesto de salud, una vez gastados los 8 mil millones.
Desde el Mo.Sa.Na. compartimos estas críticas ya que aclaran sobre las consecuencias no explicitadas de este proyecto. Intentaremos reflexionar sobre los principales aspectos que hacen a la CUS un plan estratégico de profunda reestructuración financiera de la salud.
Reorganización del trabajo en salud, bajo la lógica del pago por prestación a través del financiamiento de la demanda.
En los años ‘90, en un contexto de aumento del desempleo y debilitamiento de los prestadores propios de las Obras Sociales, se fue imponiendo la lógica del pago por prestación. Este fue el modo mediante el cual los actores pro-privatización de la salud, lograron subordinar a los sectores del trabajo, puntualmente en la guerra económica de los prestadores asistenciales privados contra las Obras Sociales para apropiarse de los aportes a la seguridad social de los trabajadores en relación de dependencia y sus patrones. El decreto N° 446/2000 de desregulación de las Obras Sociales y el posterior proceso de “descreme de la obras sociales” también agravaron la situación en este sentido.
La lógica de pago por prestación logra que los trabajadores de la salud vayamos tomando partido por el lado del mercado, “convocados” a realizar sobre-prestaciones. Este rol del profesional conduce al conjunto de los usuarios en el mismo sentido, con el anhelo de una inclusión “medicalizada” a los servicios de salud.
Con la expansión del capital industrial hacia el campo de la salud hace más de 60 años y en los últimos años la expansión financiera hacia la salud, la lógica del pago por prestación impregna todas las relaciones económicas que se dan en salud: Capital/trabajo (dueño del ente prestador/trabajador de la salud), trabajo/trabajo (relaciones entre trabajadores del equipo de salud) capital/capital (empresa de salud de gran escala/empresa de salud de pequeña y mediana escala).
El modelo industrial de salud dominante hasta la actualidad persigue la producción de prestaciones que son permanentemente puestas a prueba en su capacidad de recuperar fuerza de trabajo para el sistema productivo. Si bien funcionaba como un disciplinador del trabajador, no lo negaba en cuanto tal, ya que lo necesitaba reinsertar como fuerza de trabajo.
El modelo financiero de salud produce ganancia produciendo prestaciones, no salud, no busca ni el control social ni la recuperación de fuerza de trabajo, como sí hacía el modelo industrial de salud, sólo persigue producir prestaciones. Funciona con la lógica de acumulación del sistema financiero: tener el capital, para generar más capital. En relación a los trabajadores, los niega para volverlos consumidores, niega al trabajador en tanto usuario de salud, para convertirlo en un “consumidor de bienes de consumo para el bienestar”, y niega el rol de trabajador de la salud para convertirlo en un broker “agente comercial” del sistema de salud.
El problema del avance del mercado con el pago por prestación no es nuevo, viene desde que la separación entre prestador y financiador obligó a poner valor a cada prestación, abriendo una puja por la inclusión-exclusión de prestaciones en el nomenclador y por el valor de las mismas.
Cuando se impone la lógica del pago por prestación, se impone modelo donde la productividad se valora por la cantidad de prestaciones realizadas y no por la producción de salud. Esto promueve la realización prestaciones que no producen salud e incluso que “enferman”.
La CUS como política para impulsar la organización neoliberal del campo de la salud
Con la llamada CUS el gobierno impulsa una política para favorecer la expansión del pago por prestación generando las condiciones para que los grupos del capital financiero/farmacológico; que ya tienen una posición dominante, aumenten su poder, su capacidad de conducir a otros actores de la salud.
Esta nueva institucionalidad abre la puerta para que los grupos privados puedan mercantilizar incluso al gran campo del sistema estatal de salud donde la lógica del pago por prestación ha encontrado resistencias históricas por parte de las organizaciones de trabajadores y usuarios. Estas resistencias han limitado la capacidad de los actores pro-mercado para imponer una hegemonía al interior de instituciones estatales.
Una arena de disputa será la de la Agencia Nacional de Tecnologías Médicas que establecerá los valores y la obligatoriedad de las prestaciones. La conformación histórica que tuvo y tiene el Nomenclador de salud, tiende a valorizar las prestaciones que incluyen el uso de tecnologías físicas. Las Obras Sociales intentarán recuperar el terreno perdido frente a los prestadores privados dominantes en la lucha por el valor de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio.
El tipo de prestación que se elija no va a depender de impacto en la producción de salud, sino de la ganancia que implique su uso de acuerdo al valor en el nomenclador. Todas aquellas prestaciones que queden excluidas o que tengan un bajo valor serán excluidas por el mercado, dificultando la accesibilidad a las mismas.
Consecuencias de la imposición de esta lógica.
La reforma del sistema de salud implica un proceso de profundización de la tendencia de avance del mercado. Este avance viene produciendo una transformación estructural del campo de la salud en Argentina.
El modelo financiero-neoliberal se asocia con alto gasto en salud y porcentaje de gasto de bolsillo creciente por un lado; con malos indicadores de salud donde el Estado cumple la función de financiar las prestaciones del sector privado.
Los niveles de libertad de los trabajadores de la salud para abordar creativamente los conflictos y problemas complejos del campo sanitario se verán acotados por el reglamento implícito que pasará a organizar las prácticas de modo jerarquizado por el nomenclador.
El modelo integrará los sistemas de registro y bases de datos, integrará a los tres subsistemas (estatal, seguridad social y prepagas) en una sola lógica de pago y de financiación, quedando tanto el sistema estatal como el de seguridad social en posición subordinada al capital privado. Estaríamos frente a un plan de integración financiera- transnacional del sistema de salud.
Este modelo de integración financiera-transnacional del sistema se orienta al hiperconsumo irracional de mercancías de salud, la enajenación del trabajo en el cuidado de la salud, la medicalización de la vida, la competencia entre trabajadores precarizados de la salud, la deshumanización de los vínculos, entre otras cosas. Esto es totalmente opuesto a un sistema nacional integrado de salud en manos del pueblo que venimos proponiendo.
Para la población en general el acceso a servicios de salud se verá más afectado de lo que hoy se encuentra, dada la exigibilidad de pagos de bolsillo de los usuarios una vez alcanzado el límite de prestaciones incluídas en la canasta básica de prestaciones previstas en la CUS.
Propuestas:
Organizarnos contra la CUS, por la unidad de todo el campo popular.
Ante la crisis actual de la salud en Argentina y su profundización por el avance de la CUS, expresamos:
-Rechazo total a la CUS. No a la universalización del pago por prestación. Unidad de todas las organizaciones perjudicadas.
-Defensa inalienable del derecho a la salud.
-Restitución a los trabajadores y sus obras sociales del fondo de redistribución.
-Integración de los subsistemas de Obras Sociales con el Sistema Estatal de salud para garantizar el acceso universal a la salud.
-Defensa del sistema estatal de salud y su financiamiento genuino.
-Carrera sanitaria única para los equipos de salud en todos los niveles y subsistemas
Observatorio en Red de Salud en Manos del Pueblo
Proponemos la organización de un dispositivo en red que permita conocer y sistematizar la información relativa a las transformaciones que acontecen en el campo de la Salud, para denunciar las consecuencias del avance de la CUS.
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